Restricciones a la libertad de expresión: de la prensa Porfirista a Twitter

En los últimos meses uno de los temas que mayor impacto ha tenido en la opinión pública mexicana (e internacional), ha sido el de las restricciones a la libertad de expresión por parte de las autoridades. Los ejemplos más sonados han provenido de la conocida red social de microblogging Twitter, cuyos usuarios han sido encarcelados, acusados e incluso sentenciados por haber difundido noticias falsas u opiniones personales.

Tal es el caso de dos “tuiteros” veracruzanos a quienes se les acusó de terrorismo y sabotaje por haber difundido noticias falsas que provocaron cierta reacción en el puerto jarocho [fuente]. Finalmente quedaron en libertad tras una tenaz presión de las mismas redes sociales como de autoridades nacionales e internacionales. Pero el asunto dio pie para que se comenzara a pensar en la forma de legislar el uso “correcto” de dichas redes virtuales. Esto cristalizó en proyectos de ley en Tabasco y otras entidades, aunque desconozco si finalmente fueron aprobadas.

Un caso más reciente fue el del twittero Mario Flores (@mareoflores), a quien se le ocurrió publicar —en tono de broma—, lo siguiente, haciendo alusión al accidente en que falleció el Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora:

No salía tan temprano desde que se cayó la avioneta de Mouriño, anden con cuidado funcionarios voladores [fuente].

Lo anterior bastó para que un grupo de policías llegaran a su domicilio y, sin más, lo llevaran a la fuerza a comparecer como testigo a las instalaciones de la PGR, tras lo cual le fue permitido retirarse [fuente].

Lo anterior podría hasta cierto punto parecer “novedoso”, pero en realidad es una práctica gubernamental de lo más común y de lo que nuestra historia puede dar cuenta.

Antes de que el general Porfirio Díaz llegara al poder, existía ya en el país amplia tolerancia a las diversas opiniones que eran publicadas por toda una serie de rotativos que circulaban por toda la República. Los debates eran encendidos y terminaban incluso en hechos de sangre, cuando los agraviados, cegados por la ira y el deseo de defender su honor recurrían al duelo.

Como se imaginará, las críticas no se hacían sólo entre particulares, sino que la gran mayoría de ellas estuvieron dirigidas al gobierno y a sus representantes en los diversos niveles de poder. La inexistencia de partidos políticos encendía aún más los debates, pues la prensa sirvió como chivo expiatorio y de arena para las grandes discusiones políticas de la época.

Este tipo de prensa combativa y desafiante fue a la que tuvo que enfrentarse Porfirio Díaz al llegar al poder, y como precisamente ésta resultaba un estorbo para su administración y las políticas que deseaba imponer, debió de idear una manera de frenar las críticas emanadas de decenas de diarios, es decir, coartar —de manera legal, eso sí— la libertad de expresión de la que habían disfrutado durante los gobiernos de Juárez y Lerdo. ¿De qué manera lo logró? Pues modificó los artículos constitucionales sexto y séptimo, de manera tal que los delitos periodísticos fuesen perseguidos por el fueron común (y denunciados por cualquier particular), y no por un tribunal especial, como sucedía antes de dichas reformas.

Así, se crearon dos tribunales para conocer sobre los “delitos de imprenta”, como se conocían entonces. El primer tribunal tenía como encargo calificar el hecho, o sea, el delito. Mientras que el segundo tuvo por objeto designar la pena. Después de las modificaciones, los artículos mencionados quedaron como sigue:

Art. 6º. “La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún crimen o delito, o perturbe el orden público. Art. 7º. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado que califique el hecho, y por otro que aplique la ley y designe la pena.

Después de lo anterior, el gobierno persiguió con eficaz diligencia los “delitos de imprenta”, requisando maquinaria y encarcelando a los editores de los diarios que publicaran notas que atacaran a la administración que capitaneaba el general Díaz.

Eso sucedió durante los años en que el país vivió gobernado bajo la “dictatorial” mano del Llorón de Icamole y, con el éxito de la Revolución Mexicana, se pensó que la libertad de expresión volvería a sentar sus reales en nuestra sufrida patria. Después de todo, esa había sido una de las promesas hechas por Madero.

Sin embargo, poco después de mediados de siglo, cuando se suponía que todas las banderas ideológicas por las que se habían luchado deberían de haber sido elevadas a rango constitucional, entre ellas, la libertad de expresión, nos damos cuenta que tenemos un gobierno igual o más represor aún que el que fue derrocado por la Revolución.

En 1965 gobierna Gustavo Díaz Ordaz y tiene como secretario de Gobernación a Luis Echeverría Álvarez, secretaría encargada precisamente de ejercer el control más puntilloso sobre los medios impresos y —ahora, al paso de los años— radiofónicos y televisivos. De esa Secretaría salió un documento de 41 fojas que hacía las veces de un manual para ejercer un control efectivo sobre los medios de comunicación en su conjunto. En uno de sus renglones se lee la frase “El control de la opinión pública en un régimen totalitario es elemental”. Luego entonces, el mismo gobierno se tenía como totalitario.

Técnicas para controlar la prensa escrita existían muchas, pero no se habían dejado de usar las viejas y eficientes, como retirar subsidios económicos a diarios que no se mostraran solícitos a las demandas del gobierno. O prohibir la venta del papel periódico (recuérdese que el gobierno entonces tenía el monopolio de ese producto, por obvias razones) a aquel rotativo que no se encontrara alineado a la política de la administración en turno, con la consecuente imposibilidad de publicar por falta del insumo básico de todo medio impreso.

Tal control llegó a tener el gobierno de los medios de difusión masiva que al día siguiente de los trágicos acontecimientos del 2 de octubre de 1968, cuando Jacobo Zabludovsky reportaba sobre los mismos, se recibió en las oficinas del noticiero una llamada de la Presidencia, que reclamaba el color de la corbata (negra) del conductor. El presidente Ordaz pensó que el color de la corbata obedecía a una muestra de luto por la matanza de Tlatelolco y ordenó que se la cambiara en el acto [fuente].

Ahora ¿se puede discernir un cambio en las políticas gubernamentales con los ejemplos arriba mencionados, y con los últimos sucesos en materia de libertad de expresión? La respuesta parecería ser un rotundo NO, pues a pesar de los cambios en las formas de comunicarnos, el gobierno (o mejor dicho, los gobiernos en general) tratan de limitar la facilidad con que se transmiten las noticias, en especial cuando éstas pueden ocasionar una situación incontrolable o que predisponga de manera negativa a la opinión pública en contra del gobierno.

Sin embargo, hay contradicciones, como la que hoy estelarizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al avalar las acusaciones de la revista Letras Libres, en contra del diario La Jornada [fuente].

image

Para cerrar la entrada, una cita de Monsiváis, en referencia a lo ocurrido el 2 de octubre del 68, pero que en términos de política gubernamental para “silenciar” opiniones, podría estar vigente:

La línea del gobierno asumida por los medios era invisibilizar para el resto del país lo que pasaba […] la programación del olvido y de la inexistencia noticiosa de los actos de la represión (matanzas, asesinatos selectivos, encarcelamientos, desapariciones, ceses, campañas de difamación, allanamiento de locales). Este manejo de la memoria colectiva es la garantía esencial de la impunidad: lo que no se sabe o no se recuerda no ocurrió, no tuvo lugar en el imaginario colectivo, si se quiere recurrir a un concepto actual [..] Algo o mucho de todo esto se conoce, pero siempre en forma parcial, y sin vincularlo a una política de Estado.

Ahora que se han abierto nuevas formas de comunicación, tales como las famosas redes sociales, es —me parece— deber nuestro defender a capa y espada nuestro derecho no sólo a informarnos, sino también a expresar nuestras opiniones con las herramientas tecnológicas hoy a nuestra disposición. Pero no hay que olvidar que, como toda herramienta, estas redes deben ser usadas de manera responsable y objetiva, con el fin de que sean confiables, útiles  y veraces instrumentos de información.


Fuentes:

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 5 de febrero de 1857, en Antecedentes históricos y constituciones políticas de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Gobernación, México, 2008, p. 422.

RODRÍGUEZ MUNGUÍA, Jacinto, La otra guerra secreta, Debate, México, 2007, 491 pp.

SÁNCHEZ ROJAS, Luis Ignacio, “La prensa y las armas nacionales: la visión del ejército mexicano en la opinión pública en 1900”, en Revista Letras Históricas, num. 3, otoño-invierno 2010, p. 166


Sígueme en Twitter: @ignativss

o en Google+: http://bit.ly/ovkIKW

Mi perfil en LinkedIn: http://j.mp/oMeRl0

Y en Academia.edu: http://unam.academia.edu/LuisSanchez

O lee mi columna en Por un México Inteligente: http://j.mp/oLIxti



Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s