Los jefes políticos del Porfiriato

Jefe político de Salamanca, Guanajuato, y otros funcionarios.
Fuente: http://elsenordelhospital.blogspot.com/2010/09/la-gente-de-salamanca-principios-del.html

El Jefe Político fue una pieza esencial en la política de centralización que llevó a cabo el general Porfirio Díaz durante su dilatada gestión como titular del ejecutivo nacional. Sin esta posición intermedia, que proveía de información directa de los incidentes del campo y las ciudades mexicanas a la presidencia, así como de órdenes exactas sobre la forma de dar solución a ciertas problemáticas locales por parte del mismísimo presidente, el gobierno porfiriano no habría podido sostenerse como lo hizo durante poco más de 30 años. Y fue precisamente la importancia de dicho puesto que aquellos que lo ocupaban (sin importar en qué punto del país se encontraran) tenían que ser leales comprobados del gobierno, y podían ser elegidos por el presidente directamente, o por el gobernador de alguno de los estados aunque, claro, siempre con el visto bueno del general Díaz. Pero esta no fue una posición que se creara durante el Porfiriato, sino que tiene su origen muchos años atrás.

Las primeras noticias de la jefatura política en México llegaron con la promulgación por las Cortes españolas del decreto del 23 de junio de 1813, y que surtió efecto no sólo en la península, sino también en las que aún eran sus colonias. Esta figura —el jefe político— tuvo por deberes el cuidado de “la tranquilidad pública, el buen orden, la seguridad de las personas y las propiedades de los habitantes, la ejecución de las leyes y órdenes del gobierno y, en general, todo lo correspondiente al orden público y a la prosperidad de las provincias”.

Sin embargo, parece ser que su papel y función no pudieron ser desempeñados a cabalidad debido a las décadas de inestabilidad por las que atravesó México. Sin embargo, llegado Porfirio Díaz al poder, este se decidió a hacer del jefe político una de las piezas fundamentales del engranaje de su maquinaria de control político y social. De esta forma, dotó al Jefe Político de amplias funciones que, incluso, excedían las de los ayuntamientos.

Así pues, juzgando por el “número de atribuciones que se les confiaba, […] se
convertían en los veedores y ejecutores del gobierno”, responsables directamente ante el gobernador y el mismo presidente de la República, quienes frecuentemente recibían informes de estos agentes.

Entre sus atribuciones se encontraban las de poder comandar a las fuerzas armadas establecidas (policía, Guardia Nacional, ejército y la policía rural) para sofocar cualquier connato de rebelión. Por lo general, el ejército no entraba en acción más que en las ocasiones en que una revuelta representaba un claro atentado contra la paz, la seguridad, el comercio, la vida y los bienes de los pobladores. Por lo demás, era generalmente la policía rural, tanto federal como estatal, al mando del jefe político, la que se encargaba de mantener el orden en el campo.

Fue precisamente esta posibilidad de disponer de la fuerza pública, en especial de los temidos Rurales, y la facilidad con que muchos jefes políticos hicieron uso de ella en contra de la población más vulnerable, que dichos personajes comenzaron a crear sobre sí mismos una pésima reputación que, a la postre, sería uno de los agravios fundamentales en los que se basaría la Revolución Mexicana, y que sería uno de los primeros elementos en pedir que se suprimieran de la legislación, pues su existencia, se argumentaba, inhibía la autoridad de los ayuntamientos y la consecuente independencia política que, desde los niveles municipales, debían de contar el país para el ejercicio de una democracia efectiva.

Su deber de mantener la paz a cualquier costo les granjeó, como ya se apuntó, de numerosas atribuciones, de las cuales muchos jefes políticos abusaron sin dudar. Además, como frecuentemente se ligó con los grupos de adinerados y fue conocida la constante posibilidad de corromper su mando, así como “su estilo político netamente clientelístico, elaborado con base a compromisos, componendas, alianzas y concesiones mutuas, se entiende el por qué tan frecuentemente se convirtiesen en zares sobre los pueblos campesinos”.

Otros de los motivos por los cuales se liga al jefe político el odio profundo de las comunidades rurales son los impuestos, la consignación del contingente de sangre y el abuso de poder del que hacían frecuente uso. Una de las peticiones más recurrentes de los pueblos indígenas era la disminución o condonación de algunos impuestos. Por lo general la respuesta era negativa, lo que provocaba levantamientos armados.

Otro motivo de tensión era el llamado “contingente de sangre”, sistema de reclutamiento para cubrir las vacantes del ejército y que tenía que llevar a cabo el jefe político. Como la consignación forzosa se encontraba prohibida, se recurría a un sistema de sorteo para saber qué individuos debían de ser enviados al ejército a servir en las armas nacionales. Sin embargo, dichos sorteos se realizaban a puerta cerrada y era el jefe político quien, según sus propias consideraciones y rivalidades personales, elegía a aquellos elementos “nocivos” de una población dada y que, además, hubiesen causado algún tipo de problema —desde el punto de vista del jefe político— en su localidad o en la región.

Por ello, muchos individuos que tenían algún tipo de problema o rencilla con alguna de estas autoridades, terminaban siendo enviados —de manera arbitraria, sobra decirlo— a las filas del ejército para servir en ellas durante cinco años, lapso que duraba el reclutamiento.

Ante estos abusos, muchos de los afectados y sus familias escribían a los gobernadores e, incluso, al mismo presidente de la República, en busca de que se hiciera justicia ya que, de acuerdo a las leyes, la consignación de dichos individuos ere ilegal.

A continuación, una carta dirigida por Ildefonso López, vecino del Espinal, al gobernador de Veracruz, Teodoro A. Dehesa, pidiéndole le ayude a resolver las injusticias que el alcalde y el jefe político cometieron contra su hijo Florencia, a quien lo consignaron al servicio de las armas, y contra su hija María Ambrosia a quien aprehendieron y aseguraron una mula:

DSCF1839
Fuente: AGEV, Fondo Secretaría General de Gobierno, Milicia, guerra y marina, Contingentes federales, Leva, Caja 8, f. 3667

En esta carta, el quejoso trata de demostrar que su hijo no es apto, según las leyes, a ser consignado a las armas y que dicha acción obedeció a la “arbitrariedad y crueldad” de la autoridad política quien, además, mantiene a su hija presa sin motivo alguno.

En la siguiente imagen, puede apreciarse un oficio que da fe de cómo se llevaban a cabo los sorteos de los que debían de salir los consignados al ejército.

DSCF1878
Fuente: AGEV, Fondo Secretaría General de Gobierno, Milicia, guerra y marina, Contingentes federales, Leva, Caja 9, f. 2830

Como se puede ver, en el “local” de la jefatura política se reunía dicha autoridad y dos testigos para llevar a cabo el sorteo, sin presencia de los individuos afectados, lo que sin duda podía hacer dudar de la validez y honestidad con que el sorteo se hubiese llevado a efecto. En una entrada próxima me daré a la tarea de buscar la ley federal de 28 de mayo de 1869, su reglamento de 10 de junio de ese año y el expedido por el del estado de Veracruz de 20 de junio de 1900, para comprobar si efecto se cumplían lo prevenido en dichos textos o, por el contrario, se les ignoraba.

En fin, este prerrogativa del jefe político, es decir, la de poder consignar a alguna persona al servicio de las armas sin atender más que a su propia consciencia y deseos, fue uno de los mayores agravios que tuvo que sufrir la sociedad porfiriana pues, como se ve en la primera carta, se tachaba a muchas autoridades políticas de crueles y arbitrarios. John Kenneth Turner dijo, en su conocida obra México Bárbaro, que “entre los asesinos oficiales de México, el jefe político es el más notable”.

No obstante y aunque pueden encontrarse numerosos ejemplos de jefes políticos arbitrarios, es necesario mencionar que no todos eran así y que muchos de ellos llevaron a cabo su deber con gran responsabilidad mediando para la resolución de problemas locales sin el uso de la violencia. Sin embargo, su reputación quedó manchada por aquellos que sí abusaron de sus prerrogativas, aterrorizando a poblaciones enteras al convertirse en pequeños zares de las mismas. Era, para decirlo en palabras del Dr. Eduardo Mijangos, una “dictadura enana”.

Para saber más:

GARCÍA MORALES, Soledad, “Sistema político y control de cantones en Veracruz, 1877-1911”, en Revista La Palabra y el Hombre, UV, #75, Julio-Septiembre 1990, Xalapa, Veracruz, México, pp. 55-67.
GARCÍA MORALES, Soledad (coord.), Memorias e informes de jefes Políticos y autoridades del Régimen porfirista 1883-1911 Estado de Veracruz, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1997, 6 vols

KOTH, Karl B., Waking the dictator: Veracruz, the Struggle for Federalism, and the Mexican Revolution, 1870-1927, Canada, University of Calgary Press, 2002, 361 pp.

MECHAM, J. Lloyd, “El jefe político en México”, Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales, núm. 4, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, ene.-abr. 1986,  pp. 143-156

MIJANGOS DÍAZ, Eduardo N., La dictadura enana. Las prefecturas del Porfiriato en Michoacán, México, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto Panamericano de Geografía e
Historia, 2008, 313 pp.

VANDERWOOD, Paul J., Los rurales mexicanos, México, Fondo de Cultura Económica, 1981, 247 pp.


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